01 de agosto || CGP
Durante esta semana y la próxima se inició el despliegue de 150 discentes de la
Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) que iniciarán un proceso especial de entrenamiento a los funcionarios y funcionarias policiales de los cuerpos de policía estadales y municipales del país en el uso de armas intermedias (bastón policial), nivel 6 de la aplicación del Uso Progresivo de la Fuerza (UPDF).
Esta información la dio a conocer la realizó la secretaria Ejecutiva del Consejo General de Policía (CGP), Soraya El Achkar, quien resaltó que el uso de armas intermedias por parte de los funcionarios y funcionarias policiales forma parte de los establecidos en la pirámide del uso de la fuerza. Estas armas, deben ser utilizadas de manera defensiva y como herramientas disuasivas, manteniendo los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y haciendo el mínimo daño requerido para tener el control de la situación.
El último nivel de la pirámide es el uso de la fuerza potencialmente mortal, es decir, el uso de las armas de fuego, al que sólo deben recurrir los funcionarios y funcionarias en situaciones excepcionales en las que estén dadas las condiciones de la legítima defensa de la vida de los policías o de otros ciudadanos o ciudadanas.
Por otra parte, El Achkar afirmó que es fundamental que tanto autoridades políticas como mandos directivos de los cuerpos de policía asuman con celeridad y responsabilidad las medidas básicas de protección de la salud y de seguridad laboral a los funcionarios y funcionarias policiales del país, a fin de evitar muertes o lesiones durante la prestación del servicio.
La medidas de protección de la salud y seguridad laboral están establecidas en el artículo 56 de la Ley del Estatuto de la Función Policial (LEFPol), y van desde una adecuada dotación individual de los y las funcionarias policiales y el equipamiento agregado de los cuerpos de policía, así como la implementación de mecanismos de supervisión internos, contemplados en los artículos 75 al 82 de la LEFpol, para evaluar y supervisar continuamente el desempeño policial a fin de subsanar de forma temprana, oportuna y efectiva aquellas situaciones que afecten la prestación eficiente del servicio de policía o que coloquen en situación de vulnerabilidad la integridad física de los funcionarios y funcionarias policiales.
“El Estado venezolano viene realizando esfuerzos institucionales de envergadura tendentes a garantizar a todos los funcionarios y funcionarias policiales del país el correcto cumplimiento de los estándares del nuevo modelo policial diseñado desde el Consejo General de Policía. Razón por la cual preocupa que todavía existan cuerpos de policía que no cuenten con el equipamiento individual y agregado correcto para el ejercicio de la función policial, situación que afecta no sólo la prestación del servicio sino también el resguardo de los y las funcionarias policiales”, señaló El Achkar.
Recordó además que en la normativa vigente en materia policial existen criterios para el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial (UPDF) que son de obligatorio cumplimiento para todos los cuerpos de policía del país y que permiten la protección de los derechos humanos de los y las ciudadanas pero a su vez protegen a los funcionarios y a las funcionarias policiales. Esto criterios son de aplicación tanto en la formación y entrenamiento profesional de los funcionarios de acuerdo a los estándares de la UNES, como en el ejercicio de la función policial.
“El CGP y el Viceministerio del Sistema Integrado de Policía cuentan con equipos de profesionales formados para brindar Asistencia Técnica y acompañar a todos los cuerpos de policía del país en la aplicación de los estándares y adecuar las instituciones policiales a los nuevos parámetros y equipamiento que permitan un servicio de policía eficiente y oportuno, que respete los Derechos Humanos tanto de los ciudadanos y ciudadanas como de los funcionarios y funcionarias policiales”, indicó.
Finalmente, la Secretaria Ejecutiva explicó que el Consejo General de Policía se encuentra revisando las circunstancias en las que funcionarios policiales activos resultan lesionados o, lamentablemente, asesinados según esto ocurre en el ejercicio de sus funciones o fuera de servicio.
También recordó que esa instancia viene trabajando junto a la Defensa Pública en la creación de la Defensa Pública Policial para garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso de los funcionarios y funcionarias policiales, la cual forma parte de las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL) en 2006.
