“Es necesario sembrar una semilla en las y los futuros funcionarios de seguridad ciudadana que está formando la Unes, quienes tendrán la obligación de realizar los procedimientos en materia de responsabilidad penal y protección integral para salvaguardar la integridad física, psicológica y sexual de niñas, niños y adolescentes” dijo: Norelys Hernádez, delegada especial para el tema, por la Defensoría del Pueblo.
En la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), en Catia, la delegada especial para la protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo Norelys Hernández, dictó una charla con el propósito de formar a las y los dicentes sobre las medidas de protección integral, y responsabilidad penal de seguridad para proteger a niñas, niños y adolescentes.
La “Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente es el resultado final de la aprobación de la “Convención Internacional sobre los Derechos del Niño” , por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el día 20 de Noviembre de 1.989” señaló Hernández
Asimismo destacó que al momento de realizarse la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos, en Venezuela estaba en vigencia la Ley Tutelar del Menor lo que conllevó a que se promulgara la “Ley Orgánica Para La Protección de Niños y Adolescentes” (Lopna), en 2015 esta Ley establece que la edad mínima para que un joven pueda ser imputado penalmente es de 14 años destacó Hernández.
En este sentido Hernández explicó que el derecho de las niñas, niños o adolescentes incursos en hechos punibles son sujeto de derechos o garantías reconocidos en el ordenamiento jurídico general, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ejercido a través de las autoridades pertinentes, ministerio público y el consejo de protección del niño, niña y adolescente.
Para finalizar, exhortó a ciudadanas, ciudadanos y servidores públicos a garantizar los derechos a niñas, niños y adolescentes, realizando las denuncias a través de los órganos de seguridad del estado en delitos que involucren a jóvenes en condición de víctimas.
